1763: los indígenas de Zacualpan acudieron a la Real Audiencia por los cobros parroquiales

En 1763, los naturales del curato de la Inmaculada Concepción de Zacualpan recurrieron, mediante su procurador, a una instancia superior para cuestionar los cobros que realizaba su párroco, el bachiller Manuel Antonio Morquecho. La petición llegó a la Real Audiencia y planteó un problema muy concreto: los feligreses querían saber con precisión cuánto debían pagar por los servicios parroquiales y solicitaron que el cura se sujetara al arancel autorizado para el arzobispado.

La reclamación no consistía en negarse, de manera general, a contribuir al sostenimiento de la parroquia. El problema estaba en determinar qué cantidades podían exigirse, qué pagos dependían de la costumbre y hasta dónde podía modificarse una práctica establecida. Detrás de una discusión aparentemente económica aparece así una dimensión mucho más amplia de la vida cotidiana novohispana: la relación entre comunidad, autoridad eclesiástica y justicia real.

La fecha es importante. El pleito zacualpense comenzó en 1763, cuatro años antes de que el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana promulgara un nuevo arancel para el Arzobispado de México. En los conflictos anteriores a 1767 continuaba siendo fundamental el arancel de 1638, aunque en la práctica también intervenían costumbres y acuerdos locales que podían haberse consolidado durante décadas.

Aquella combinación entre norma escrita y costumbre ayuda a entender el conflicto. No todos los servicios tenían una cantidad rígidamente establecida. Por ejemplo, el arancel de 1638 consignaba para los “indios de pueblo” cuatro pesos por casamiento y velación, tres pesos por el entierro de una persona adulta y dos por el de una criatura, mientras que el pago por bautismo quedaba “a voluntad de los indios”. Precisamente en los espacios donde intervenían acuerdos y usos locales podían surgir interpretaciones distintas entre párrocos y feligreses.

De acuerdo con el expediente, el procurador de los naturales afirmó que la falta de una tasación clara provocaba controversias frecuentes con el cura por lo que consideraban cobros excesivos. La solución que solicitaron fue muy concreta: obtener un testimonio oficial del arancel y hacer que la justicia local notificara al párroco que debía sujetarse a sus disposiciones.

Conseguir el arancel no puso fin a las diferencias. En 1764 los naturales de Zacualpan presentaron nuevas objeciones porque, según su representación, Morquecho no estaba respetando literalmente lo establecido. Entre los puntos discutidos aparecieron las diligencias relacionadas con los matrimonios y la lectura de las amonestaciones. Los denunciantes afirmaban que determinadas funciones que correspondían al fiscal estaban siendo realizadas de otra manera y generaban nuevos pagos.

Uno de los ejemplos más detallados corresponde a los bautismos. El abogado de los naturales declaró que anteriormente acostumbraban entregar un peso al cura y dos reales al sacristán. En cambio, atribuyó a Morquecho la exigencia de una vara de Bretaña fina valuada en siete reales, dos velas de cera de Castilla de dos reales cada una, cuatro reales de ofrenda y otros dos reales para el sacristán. De acuerdo con el propio expediente, esos conceptos sumaban dos pesos y un real.

El expediente también conserva la posición contraria. En 1764, el representante de Manuel Antonio Morquecho rechazó la explicación presentada por los naturales. Sostuvo ante la Audiencia que el conflicto obedecía al resentimiento de algunos feligreses porque el sacerdote intentaba impedir embriagueces y otros excesos, y afirmó además que existían cantidades pendientes por derechos parroquiales y otras obvenciones.

Las dos versiones permiten observar la naturaleza del litigio. De un lado, los representantes indígenas afirmaban que necesitaban límites claros para evitar cobros superiores a lo establecido; del otro, la defensa del párroco sostenía que existían obligaciones que los feligreses no estaban cumpliendo. El expediente conserva, por tanto, una negociación conflictiva sobre dinero, costumbre y autoridad, no una narración de una sola voz.

Manuel Antonio Morquecho no fue un sacerdote de paso. Los registros parroquiales estudiados por Vivero Domínguez lo sitúan como cura beneficiado de Zacualpan entre 1753 y 1777, un periodo de aproximadamente veinticuatro años. El conflicto de 1763 ocurrió, por tanto, cuando llevaba alrededor de una década al frente del curato, y su permanencia posterior muestra que el litigio no provocó su salida inmediata de la parroquia.

El episodio cuestiona una imagen demasiado simple de la población indígena novohispana como receptora pasiva de decisiones externas. Los naturales de Zacualpan aparecen organizando una representación, actuando mediante procurador, solicitando una provisión y recurriendo a la Real Audiencia para intentar que una norma escrita limitara aquello que consideraban excesivo.

El caso tampoco fue completamente aislado. En el conjunto documental estudiado por Vivero Domínguez se localizaron veintidós controversias por derechos parroquiales en la Provincia de la Plata durante el siglo XVIII. Seis de ellas correspondieron a la jurisdicción política de Zacualpan, equivalentes al 27.27 % del conjunto estudiado. Esto no significa que las seis ocurrieran en la cabecera de Zacualpan, pues la jurisdicción comprendía diferentes localidades y curatos, pero sí muestra que la región participó activamente en este tipo de conflictos.

Zacualpan suele aparecer en la historia virreinal a través de la plata, las minas, las haciendas de beneficio y las innovaciones tecnológicas. Este expediente abre otra ventana. Muestra una sociedad en la que también se discutía quién podía cobrar, cuánto debía pagarse y qué autoridad tenía capacidad para intervenir cuando la costumbre local dejaba de ser aceptada por alguna de las partes.

La parroquia era mucho más que el espacio donde se celebraba el culto. Bautismos, matrimonios, entierros, fiestas y misas formaban parte de la organización social de la comunidad y generaban también relaciones económicas. Por ello, una discusión en torno a los derechos parroquiales podía afectar de manera directa a numerosas familias y convertirse en un asunto capaz de trascender el ámbito local.

La documentación consultada permite afirmar que en 1763 los naturales del curato de la Inmaculada Concepción de Zacualpan promovieron una reclamación contra Manuel Antonio Morquecho por los derechos parroquiales; que obtuvieron una regulación mediante arancel; que las diferencias continuaron en 1764; y que ambas partes expusieron argumentos ante las autoridades.

Sin embargo, la investigación utilizada para este artículo no reproduce una sentencia final específica que permita afirmar que la Real Audiencia declaró responsable al sacerdote de todas las acusaciones. Consultar directamente las 39 fojas que integran el expediente permitiría precisar su desenlace y quizá recuperar nombres, firmas, testimonios y otros datos todavía ausentes de esta reconstrucción.

Autoría o responsable editorial: Dirección de Turismo y Cultura de Zacualpan.

Investigación histórica de base: Luis Fernando Vivero Domínguez, Universidad Autónoma del Estado de México, 2019.

Adaptación y divulgación: Dirección de Turismo y Cultura de Zacualpan.

Nota sobre las fuentes: La referencia del expediente original procede de la investigación académica citada. La Dirección de Turismo y Cultura no realizó, para esta versión, una consulta directa de las fojas originales conservadas en el Archivo General de la Nación.